Sin presupuestos no hay igualdad: invertir en los derechos de las mujeres es asegurar el futuro

Colombia es uno de los países de la región que le ha apostado a la presupuestación pública con enfoque de género: a septiembre de este año se han gestionado $33,2 billones para la garantía de derechos de las mujeres. Que haya más inversiones para que los derechos de la mitad de la población que son las mujeres y las niñas debe ser un propósito entre el Estado y la sociedad en su conjunto. 

Alcanzar la igualdad de género es la solución para un mundo mejor para todas y todos. No obstante, a lo largo y ancho del mundo las diversas formas de violencias que viven las mujeres y las niñas, que van desde ataques físicos que ponen en riesgo sus vidas, patrimoniales, verbales, simbólicas, resultan aún más desafiantes de erradicar cuando no se cuentan con presupuestos claros y suficientes. Actuar decididamente con presupuestos, desde los Estados, los Gobiernos y diversos sectores de la sociedad es imperativo sus necesidades en estén en el centro de las estrategias y acciones para la erradicación del flagelo de la violencia contra ellas.

A nivel global, son más de 90 países los que han avanzado en presupuestos con enfoque de género, entre los que se destacan Canadá, España, Italia, Rwanda, Marruecos, Zimbabwe, entre otros. Para el caso de América Latina los países que han avanzado en estrategias de gestión pública son México, Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay. 

Para el caso de Colombia, el país tiene una buena práctica sobre presupuestos enfocados a los temas de género. Las cifras indican que en el periodo del 2019 al 2023 se han gestionado un total de $33,2 billones a través del Trazador presupuestal para la equidad de la mujer, una herramienta que desde el 2019 ha permitido orientar la inversión pública de manera más eficiente hacia el cierre de brechas de género en programas y proyectos a nivel nacional y territorial. 

Para que justamente haya un fortalecimiento  del Trazador y haya una inversión pública más robusta en temas que tengan que ver con la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, el gobierno de Canadá, ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Departamento Nacional de Planeación avanzan la alianza Presupuestos para la Igualdad, iniciativa dirigida a brindar asistencia técnica a los sectores de Justicia, Trabajo, Agricultura, Comercio y Ambiente, así como a las Gobernaciones de Antioquia y Meta, y a las alcaldías de Cumbal, Timbiquí, Santander de Quilichao, Villavicencio, Maicao, Riohacha, Cartagena y Santa Marta con el fin de identificar proyectos estratégicos que respondan a las necesidades de mujeres y niñas. 

De acuerdo con Natalia Velásquez Osorio, Secretaria de las Mujeres de Antioquia, hacer parte de esta alianza ha significado para el departamento “aportar al cierre de brechas para las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo: cultural, económico, social e incluso de infraestructura pasando por un total de 27 dependencias de la gobernación que han venido trabajando por un mejor vivir para las mujeres y las niñas antioqueñas”. Para que esto continúe, comenta la funcionaria, “es necesario que las y los funcionarios no abandonen la buena práctica que ha sido el comité de transversalidad de equidad de género, con el que la capacidad institucional se ha fortalecido dejando una inversión palpable en clave de mejoramiento de vivienda, empleo y garantía de los derechos humanos de las mujeres”. 

Las cifras indican igualmente que 5.3% de los recursos trazados por el gobierno nacional para visibilizar el presupuesto invertido para la Política Pública Nacional para la equidad de género, corresponden a la categoría de una vida libre de violencias para las mujeres entre los años 2019 y 2023, que equivalen a $1,7 billones.

A su turno, Viviana Palacios, Secretaria de las Mujeres de Villavicencio, comentó que la presupuestación con enfoque de género ha posibilitado que en la ciudad exista “una política pública con foco en las mujeres que les ha permitido tener el Centro de la mujer en donde se comenzarán a atender a mujeres víctimas de violencia así como también habrá un espacio para el fortalecimiento académico de ellas”. La funcionara comenta que de cara a la nueva administración que llega es “importante que haya una apropiación de estos instrumentos para la presupuestación con foco en las mujeres, pues son ellas y sus organizaciones de base quienes asegurarán la veeduría de lo avanzado hasta ahora y que de seguro no dejarán de hacer incidencia para que el nuevo gobierno garantice lo incluido en el Plan de Desarrollo Territorial para la garantía de sus derechos humanos”. 

Que haya cada vez más inversiones ambiciosas encaminadas a la garantía de los derechos de las mujeres es una tarea que no da espera para los Estados, más aún cuando las tendencias actuales indican que más de 340 millones de mujeres y niñas  para el 2030 vivirán en la pobreza extrema y que estar en esa situación de vulneración de su dignidad las expone aún más a ser víctimas de todas las formas de violencia.

La clave está justamente en invertir para prevenir. Es urgente movilizar iniciativas para que su autonomía económica, el fortalecimiento de sus liderazgos políticos, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos sea una realidad de manera que cese la pandemia de la violencia contra ellas.