Fondo concursable

   

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Con el  Fondo Concursable para Sociedad Civil, la iniciativa ProDefensoras promueve una cultura de seguridad holística que aborde tanto en términos individuales como colectivos las dimensiones físicas, digitales y psicosociales de la seguridad. Reconoce los valiosos aportes de los movimientos de mujeres y feministas a las estrategias colectivas, y los saberes propios y las prácticas comunitarias como condición de sostenibilidad y de fortalecimiento del tejido social.

Este programa nace en diciembre del 2019 cuando se abrió una convocatoria dirigida a organizaciones de mujeres, mixtas (defensoras y defensores), sociales de base, ambientales, étnicas y demás iniciativas colectivas a nivel nacional para que presentaran propuestas que permitan generar entornos seguros para la defensa de los derechos humanos y lograr así consolidar las agendas de las lideresas y defensoras en la construcción y sostenibilidad de la paz en Colombia. 

La convocatoria del programa tuvo gran acogida: se recibieron 90 propuestas que representan el pensamiento colectivo, innovador y en alianza de más de 160 organizaciones nacionales colombianas. Al final fueron escogidas 10 organizaciones para poner en marcha esta iniciativa a partir del 1 de junio de este año, las cuales fueron: Corporación Humanas; Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE; Ruta Pacífica de las Mujeres; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM; Corporación Casa de la Mujer; Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; Red Departamental de Mujeres Chocoanas; Corporación Comunidad de Juristas; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; y Corporación Ocho de Marzo  Mujeres y Hombres por la Igualdad.

Con ellas se trabajará de acuerdo a tres estrategias: 

  • Fondo concursable para sociedad civil con foco en la prevención y protección basadas en una perspectiva holística de seguridad individual y colectiva que fortalezcan el tejido organizativo de las defensoras de derechos humanos.  
  • El fortalecimiento de la respuesta de las instituciones en los territorios con el liderazgo la Defensoría del Pueblo. 
  • La articulación y el intercambio regional en América Latina e internacional en el seno de la ONU para la protección de las defensoras y sus redes.