Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos: protegerlas y empoderarlas es avanzar hacia la paz y el desarrollo sostenibles

Las lideresas y defensoras de derechos humanos con su liderazgo aportan a la consolidación de la paz y dignidad de sus comunidades.  En Colombia y en América Latina, a pesar de los esfuerzos normativos y de política pública desplegados por el Estado para enfrentar y superar las expresiones de violencia y de estigmatización en contra de las lideresas y defensoras de los derechos humanos, la situación continúa siendo extremamente preocupante.

Las violencias y amenazas a las que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos resultan más severas para las lideresas y defensoras por el hecho de ser mujeres: la desigualdad y la discriminación se ahíncan contra ellas por los estereotipos de género imperantes que hacen que corran un doble riesgo al ejercer una labor de defensa de los derechos fundamentales.

Su quehacer es fundamental para la resolución pacífica de los conflictos, son ellas quienes defienden la vida, el agua, la naturaleza, el territorio y procuran la dignidad para sus comunidades individual y colectivamente, pasan a la acción lejos de los titulares mediáticos desde su trabajo territorial y en redes jugando un papel fundamental para la democracia y la vida.

No obstante y como lo  señala el último informe sobre Mujer, Paz y Seguridad del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, las denuncias de agresiones contra las defensoras de los derechos humanos están sumamente por debajo de los casos reales y se mantienen en el anonimato en las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas.

En el caso colombiano, el actual Gobierno ha atendido con prontitud las demandas de la sociedad civil en relación con hacer frente a las necesidades de prevención y protección de la vida de quienes defienden derechos en medio de un contexto desafiante.

La iniciativa del Gobierno Nacional de Puestos de Mando Unificado (PMU) como espacios de diálogos donde confluyen sociedad civil, autoridades locales, fuerza pública y entidades del Estado entorno a las problemáticas territoriales de las comunidades, y que el pasado 25 de noviembre con ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres se instaló en Quibdó, Chocó; promueve e implementa medidas de respuesta por parte del Estado a través de un “Plan de Atención Urgente de protección de la vida y atención a las y los líderes y comunidades afectadas por la violencia en los territorios” y contribuye a mejorar la situación de derechos humanos en municipios focalizados por el Gobierno como las zonas más afectadas por el conflicto armado y otras situaciones de violencia.

Asimismo, el Programa integral de garantías para lideresas y defensoras (PIG), que igualmente el pasado 25 de noviembre se oficializó su territorialización en Chocó, tiene la potencialidad, por su enfoque integral y preventivo, de mitigar los riesgos que enfrentan las defensoras y responder de manera holística a la seguridad de las mujeres.  En conformidad, la formulación de su nuevo plan de acción 2023- 2026, debe cumplir con las demandas de seguridad y protección integral de las defensoras de derechos humanos incluyendo inversión en mecanismos de autoprotección y de protección colectiva, atención psicosocial, recuperación económica y medios de vida de las mujeres, así como cerrar las brechas de conectividad y participación de las lideresas en su diversidad.

**Sobre la iniciativa ProDefensoras**

En Colombia desde hace tres años se ha implementado ProDefensoras, una iniciativa de ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría del Pueblo, en Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia para salvaguardar la labor de las lideresas y hacer de la ayuda bilateral una opción para que las organizaciones de lideresas y defensoras avancen con su incidencia para la consolidación de una agenda de paz que ponga en el centro las necesidades de todas ellas como semillas del cambio.  

Con ProDefensoras se ha contribuido significativamente en la implementación de acciones de protección colectiva para garantizar la continuidad de las agendas de más de 5000 lideresas y defensoras de los derechos humanos respecto a los riesgos y diferentes tipos de violencias que enfrentan en cumplimiento de su labor en defensa de la vida y el territorio en más de 71 municipios de los departamentos priorizados para la iniciativa.

Seguir fortaleciendo las agendas de las lideresas y defensoras para su incidencia regional, nacional e internacional es una apuesta que debe convocar a la sociedad en su conjunto. La promoción de su labor contribuye siempre al fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el desarrollo. La protección de las defensoras de los derechos humanos es una responsabilidad moral colectiva, y como lo ha mencionado el Secretario General, el Sistema de Naciones Unidas seguirá haciendo frente a la retórica violenta y prestando un respaldo político sistemático y explícito a las defensoras de los derechos humanos y a su labor.

ANEXO CIFRAS REGIONALES:

Cifras en Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia:

Fuente: Defensoría del Pueblo. Informes defensoriales sobre los riesgos colectivos de lideresas y defensoras de derechos humanos.

Estos informes presentan el contexto de las violencias basadas en género dentro y fuera del conflicto armado que afectan el ejercicio de su liderazgo:

• La Defensoría del Pueblo identificó al departamento del Cauca como el territorio más peligroso para el ejercicio de las lideresas y defensoras a favor de la vida y sus territorios: de las 165 mujeres asesinadas en el país entre el 2019 y el 2021, 65 son lideresas y 16 de ellas fueron asesinadas en el Cauca.
• Antioquia es el segundo departamento del país con mayor número de agresiones, amenazas y asesinatos hacia los líderes y lideresas sociales. De acuerdo con la Defensoría Delegada para la prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos, entre 2016 y el primer semestre de 2021, 42 lideresas fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos. 
• Para el caso de Nariño la información presentada por la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH -SAT- entre el 2019 y 2021, se registró un total de 122 conductas vulneratorias contra líderes y lideresas en el departamento, de las cuales 29 afectaron a mujeres. Así mismo, 20 de ellas fueron víctimas de amenazas con mención en panfletos, llamadas intimidantes, interacción directa por parte del agresor, mensajes hechos por cualquier medio, por intermediarios, de manera directa, entre otras; y 7 de ellas fueron víctimas de homicidio.
• Y por último en Chocó se evidenció que hubo 21 conductas vulneratorias consistentes en desplazamientos forzados, amenazas, y homicidios contra lideresas de los municipios de Nuquí, San José del Palmar, Alto Baudó, Carmen del Darién, Lloró y Atrato, entre el 2019 y 2021. Y 37 casos de lideresas y defensoras de DDHH con riesgos extraordinario y ordinarios, fueron acompañados por la delegada de Asuntos de Género, desde el 01 de enero al 31 diciembre de 2021.