Akubadaura, la primera generación de mujeres profesionales indígenas que trabajan por sus comunidades

Crédito: Organización Akubadaura 

“Tenemos una responsabilidad muy grande de dar, aportar y construir por nuestra pertenencia étnica. Debemos aportar al cambio de la vida de las comunidades indígenas para alcanzar condiciones de dignidad y de igualdad de derechos sin perder la esencia de pueblos indígenas. Somos hijos e hijas de Emberas, de kankuamos, de Makuk, hijos de una diversidad cultural que cuenta en este país”.

Con estas palabras, Lina Marcela Tobón Yagarí, indígena perteneciente al pueblo Embera Chamí en Antioquia y directora de la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura, condensa la razón de ser de su organización.

Akubadaura significa en lengua Embera “ayudante”, y es el nombre que le dieron a su organización cuando empezó, hace ya ocho años, quienes representan la primera generación de profesionales indígenas (abogados casi todos) que dedican buena parte de su vida y energía a trabajar en favor de sus comunidades.

Con sus acciones, Akubadaura cubre muchos frentes: brindan asesoría legal a los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas; acompañan a las comunidades con mayor vulneración de derechos humanos, étnicos y territoriales; asesoran en procesos de restitución de derechos territoriales y acuden a la mediación con las organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales, así como a las instituciones del Estado, para fortalecer procesos propios de las comunidades; realizan análisis sobre el manejo del presupuesto nacional y elevan sus críticas del porqué no contiene partidas específicas para los pueblos indígenas. 

Crédito: Organización Akubadaura 

Todo, como anota Lina Marcela, “a través de la formación técnica y política, privilegiando el enfoque diferencial, el fortalecimiento organizativo, la perspectiva de género y la defensa del medio ambiente. Si bien es una organización mixta, su junta directiva y socias son mujeres indígenas que deciden su rumbo”.  Akubadaura tiene sus oficinas en Bogotá, sin embargo está presente en varias regiones del país, como Chocó, con la Mesa de Mujeres Indígenas y en Guaviare con el pueblo Nukak Makú.

En Akubadaura son insistentes en afirmar que las mujeres indígenas en Colombia tienen una triple carga de vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser mujeres étnicas pertenecientes a culturas indígenas y por ser mujeres que han sufrido el impacto del conflicto armado. El mensaje de Akubadaura es claro: las mujeres indígenas merecen el respeto y la protección de la sociedad.  Al habitar en territorios rurales, viven en constante asedio de los actores armados que invaden sus espacios de neutralidad, y por ello sufren los estragos de la violencia y de la estigmatización. 

Crédito: Organización Akubadaura 

Lina Marcela dice al respecto: “las lideresas y defensoras en Colombia necesitamos contar con entornos seguros, favorables y protectores para poder defender los derechos humanos, la vida y la cultura, mediante el fortalecimiento de capacidades que permitan hacer frente a los factores subyacentes y contextos de violencia multidimensionales”. Y puntualizó: “estas fueron las razones que tuvimos para comprometernos con el programa de ProDefensoras. La iniciativa permitirá que podamos continuar con el trabajo de acompañamiento, fortalecimiento y participación con las mujeres. En ese sentido, debemos orientar esfuerzos hacia la protección de la vida asociativa de las mujeres y sus redes, cerrando brechas existentes y marcadas desde los tiempos de la colonización”.

Para el trabajo que se tiene previsto con ProDefensoras, Akubadaura hizo alianza con el Programa de Mujeres de la Mesa de Concertación de las organizaciones y Pueblos Indígenas del Chocó, donde adelantarán acciones de litigio estratégico, de comunicación e incidencia para el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos, favoreciendo a 115 personas, la mayoría de ellas mujeres.

Crédito: Organización Akubadaura

Esta historia se ha redactado en el marco de ProDefensoras, una iniciativa de ONU Mujeres en articulación con la Defensoría del Pueblo y con el apoyo de la Embajada de Noruega, que busca proteger la vida de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia y la cual beneficia a más de 3 mil lideresas y sus comunidades en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó.  

.