Conflicto armado, violencia sexual, narcotráfico y minería ilegal atentan contra la mujer rural
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Las mujeres rurales son cuatro veces más victimizadas por no encontrase en el mundo urbano, por su condición de mujeres, por el conflicto armado y, en muchos casos, por la pertenencia a un grupo étnico particular.
El estudio señala cómo, en el departamento de Córdoba, la persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras, particularmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia, donde es apremiante la necesidad de retorno de la población femenina a los resguardos como Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral, es grave.
La Defensoría del Pueblo pudo constatar la forma en que los grupos armados pos desmovilización mantienen estrategias de despojo y concentración de tierras, a la vez que amenazan y en algunos casos atentan contra las mujeres que encabezan los procesos de restitución, hechos que sumados a la informalidad jurídica que ronda los títulos de propiedad, impiden el ejercicio de los derechos.
En Chocó, la consolidación de entables mineros ligados a una industria aurífera criminal, ha significado el auge de espacios aledaños a los complejos de extracción, en los cuales se explota sexualmente a las mujeres y niñas, en muchas ocasiones con el conocimiento de los esposos y padres de familia, quienes son amenazados y en el mejor de los casos reciben dinero bajo intimidaciones como compensación por el abuso de sus compañeras e hijas. Lo anterior, sin contar con la circulación de estupefacientes alrededor de estos lugares, la destrucción de la capa vegetal y la contaminación de las fuentes de agua.
Por su parte, en Caquetá, la amenaza para las mujeres en las áreas rurales la constituyen las economías cocaleras, controladas principalmente por la guerrilla, que conllevan actividades de control social en las zonas de cultivo de hoja de coca y procesamiento de alcaloides, en las cuales las mujeres no pueden transitar con libertad además de ser víctimas de las minas antipersona.
En Santander, donde se focalizó el último estudio de caso documentado por la Defensoría, el problema se presenta es a partir de la explotación creciente de hidrocarburos y el acaparamiento de tierras a partir de la compra a adjudicatarios baldíos, el despojo y desplazamiento de comunidades, así como el fortalecimiento de un mercado informal de terrenos para abrirle espacio a esa actividad de explotación.
Este diagnóstico, sumado a escenarios de riesgo como la radicalización en las movilizaciones agrarias y el conflicto por las tierras en regiones como el departamento del Cauca, agudiza un panorama en el que las mujeres se constituyen en víctimas de múltiples circunstancias ajenas totalmente a su voluntad.
Ante esta grave situación, ONU Mujeres solicitó al Ministerio de Agricultura hacer el mayor esfuerzo por lograr un cambio sustancial de los factores de riesgo que victimizan a las mujeres en el marco del conflicto armado.
“Casi el 95 % del territorio colombiano es rural. La mitad de su población son mujeres y enfrentan condiciones muy particulares. Una estrategia integral de desarrollo debe atender esas necesidades”, señaló Diana Espinosa de ONU Mujeres.
Por su parte, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, quien asistió en Córdoba a la presentación de la investigación, anotó que “cada funcionario público debe encontrar la manera de resarcir la deuda histórica con las mujeres de Colombia, quienes siendo el núcleo fundamental de las familias rurales y del campo colombiano, han sido víctimas del conflicto armado de manera particular, por ser lo que son y por lo que representan”.
“El Ministerio destinó mínimo el 30 % de los recursos de todas sus líneas de acción para las mujeres rurales, así lograremos aumentar nuestro impacto en esa población; antes, se atendían 40 mil mujeres al año cuando yo llegué, muy bajito. Mi meta es lograr atender 500 mil mujeres al año y eso lo podemos lograr”, señaló Iragorri.
El informe reconoce al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a sus entidades adscritas y vinculadas, como agentes fundamentales en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales.
Las recomendaciones
El informe de la defensoría hace recomendaciones a las diferentes entidades estatales con el propósito de adoptar medidas para proteger los derechos de las mujeres rurales, incluyendo al Ministerio de Agricultura, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
Entre las recomendaciones se encuentran: Incluir, durante la última fase del Censo Nacional Agropecuario, encuestas especializadas que permitan identificar las condiciones de las mujeres rurales respecto a la propiedad y tenencia de la tierra. Fomentar el fortalecimiento del programa de promoción de sedes seguras para las organizaciones de mujeres en las zonas rurales. Reglamentar y consolidar la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión sobre las políticas de desarrollo rural y, revisar e implementar las medidas de protección necesarias, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados, para garantizar el derecho a la vida e integridad de las mujeres rurales, así como sus demás derechos.
Es importante señalar, que tanto en la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se alude al término violencia basada en género para reconocer que los factores de riesgo, las consecuencias y las respuestas a la violencia contra la mujer están influidas en gran medida por la condición social, económica y jurídica subordinada de la mujer en muchos ambientes. De ahí que la violación de sus principales derechos, económicos, sociales y políticos termine en diferentes formas de violencia. Algunos investigadores argumentan que la violencia contra la mujer puede ser no sólo una manifestación de la falta de igualdad de género sino también una manera de imponerla.
Violencia indiscriminada
Según cifras oficiales, el año pasado fueron asesinadas 1.106 mujeres en el país, 307 de ellas en las zonas rurales. En el mismo período fueron reportados 16.088 delitos sexuales contra mujeres, 1.558 de los cuales tuvieron como escenario los centros poblados y las áreas rurales dispersas. De acuerdo con la Policía Nacional, durante 2014 6.491 mujeres fueron blanco de amenazas, 706 de ellas en el campo.
Según la Defensoría, la situación que denuncian las mujeres víctimas de violencia resulta alarmante toda vez que las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses advierten que durante 2014 se registraron 1.007 homicidios de mujeres, 37.881 casos de violencia de pareja, 41.944 casos de violencia interpersonal y 16.088 por presunto delito sexual, de los cuales 13.606 corresponden a niñas y adolescentes menores de 18 años.
¿Qué dicen las mujeres?
Gloria Gómez Ochoa, secretaria (e) de Equidad de Género para las Mujeres en Antioquia, considera que sigue siendo preocupante en el departamento que las mujeres sean las principales víctimas de la violencia. “Esta violencia es la que le marca a uno el cuerpo, la mente, la que genera traumas, la que es difícil de borrar”. Según el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia, desde pequeñas el maltrato aparece en la vida de las mujeres de forma más frecuente que en la de los adolescentes varones, con 616 casos en niños y adolescentes varones en 2014, frente a 751 en niñas y adolescentes mujeres y así se mantiene durante la vida de los adultos.
Nuris Vidal, representante del Comité Civil de Víctimas de la Violencia (Comfavic), que congrega a 700 campesinos y sus familias se encuentra amenazada desde 2005 cuando empezaron las reclamaciones de tierra por el despojo de los grupos armados. La lideresa advirtió, ante los medios de comunicación que, al menos, 15 de sus compañeras también han sido víctimas de amenazas.