ONU Mujeres en la ICARRD+20: derechos de las mujeres agricultoras en el centro del debate global sobre tierra
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La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) se llevó a cabo esta semana en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, reuniendo a representantes de gobiernos, organizaciones de sociedad civil, agencias del sistema de Naciones Unidas y expertas y expertos en derecho a la tierra de todo el mundo. La conferencia, que llega 20 años después de la primera edición, fue el punto de encuentro para definir un plan decenal sobre reforma agraria y es uno de los espacios de política global más relevantes en la materia.
La Representante País de ONU Mujeres en Colombia, Maria Inés Salamanca Vidak, participó en dos eventos del marco oficial y paralelo de la conferencia.
El 25 de febrero, la representante país intervino en un panel de alto nivel organizado conjuntamente por la International Land Coalition, FAO, ONU Mujeres y el Ministerio de Agricultura de Colombia. El espacio, celebrado en el Auditorio Getsemaní, contó con la presencia de la vicepresidenta del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Jhenifer Mojica, y reunió a representantes de organizaciones de mujeres de Uganda, Perú, Colombia, entre otras.
La representante de ONU Mujeres respondió a una pregunta central: en un contexto global de retrocesos en igualdad de género y reducción del espacio cívico, ¿por qué es urgente priorizar los derechos de las mujeres agricultoras sobre la tierra?
Su intervención subrayó que Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra y el medio ambiente: según Global Witness, en 2024 fueron asesinadas 146 personas defensoras medioambientales en el mundo, y el 33% de esos casos ocurrieron en Colombia. Señaló además que las mujeres representan el 41% de la fuerza agrícola mundial, pero en 43 de 49 países con datos disponibles, los hombres siguen teniendo mayor propiedad y derechos seguros sobre la tierra. Esta brecha limita el acceso de las mujeres al crédito, la inversión climática y la participación en gobernanza territorial.
En términos de impacto, citó datos de la FAO: si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos productivos que los hombres, el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20% y un 30%, lo que permitiría alimentar a entre 100 y 150 millones de personas más. Cerrar las brechas de productividad y salariales en el sector agrícola reduciría además la inseguridad alimentaria en 45 millones de personas.
Sobre el trabajo de ONU Mujeres, la representante país destacó iniciativas globales como el memorando de entendimiento con la Convención de Lucha contra la Desertificación, la campaña #StandForHerLand, y el programa conjunto con FAO y el Programa Mundial de Alimentos para el empoderamiento de mujeres rurales. En Colombia, mencionó el trabajo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para incorporar la variable de sexo en el Catastro Multipropósito —lo que permite, por primera vez, contar con datos desagregados por sexo en registros catastrales— y el programa Mujeres Cambiando su Mundo, que llevó a lideresas a incidir en la COP16.
Al día siguiente, el 26 de febrero, la funcionaria asumió el rol de moderadora en un evento paralelo organizado por el Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, realizado en el Salón Innova de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.
La sesión buscó conectar los resultados de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios+4 (UNFSS+4) con el debate de la ICARRD+20, con foco en cómo la reforma agraria y la gobernanza de la tierra son pilares para construir sistemas alimentarios más resilientes y equitativos.
La ICARRD+20 es un espacio de definición política con consecuencias concretas: los compromisos que allí se acuerden sobre gobernanza de la tierra, titulación, restitución y financiamiento determinarán en buena medida la agenda rural global de la próxima década. La participación de ONU Mujeres en ambos eventos reafirma que los derechos de las mujeres sobre la tierra no son un tema sectorial, sino una condición estructural para la seguridad alimentaria, la acción climática y la construcción de paz.