“La justicia que necesitamos nace de nuestras voces”: la lucha de la Alianza de Litigio Estratégico de Género en Colombia para proteger a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado

Este 19 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. En Colombia, donde las huellas del conflicto armado aún duelen en los cuerpos y memorias de miles de mujeres y personas LGBTIQ+, esta fecha es una oportunidad para reconocer la valentía de quienes han decidido alzar su voz, y el compromiso incansable de quienes las acompañan en su camino por la verdad, justicia, la reparación y la no repetición.

Una de esas iniciativas es la Alianza de Litigio Estratégico de Género, una articulación de organizaciones feministas y de derechos humanos que desde distintos rincones del país ha tejido una estrategia legal y humana para acompañar a las víctimas de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Su apuesta: hacer de la justicia transicional un espacio real de verdad, dignidad y reparación.

La Alianza está conformada por la Red Nacional de Mujeres de Colombia, el Colectivo de Abogadas Elenita Gonzáles, Colombia Diversa, la Corporación Ocho de Marzo la Corporación Humanas, la Corporación Caribe afirmativo y Colectiva Justicia Mujer. Estas últimas cuatro organizaciones, hacen parte, a su vez, de Tejiendo Dignidad, una iniciativa de ONU Mujeres en alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) financiada por el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas para implementar iniciativas de litigio, acompañamiento integral y seguridad con víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en el marco del conflicto armado que fomenten su participación efectiva ante la JEP.

El trabajo de estas organizaciones representa un modelo de resistencia jurídica y política: “Nuestro rol no es solo el de representación legal, sino una vigilancia crítica del cumplimiento de estándares de debida diligencia”, subraya Mónica López Cárdenas, coordinadora de la línea de Paz y Justicia Transicional con las Mujeres en la Corporación Colectiva Justicia Mujer.

Un litigio que une territorios, voces y memorias

Desde su conformación, la Alianza ha demostrado que litigar juntas es también una forma de protección colectiva. Como afirma Claudia Fernanda Medina, subdirectora de la Corporación Ocho de Marzo, “trabajar en red nos ha permitido lograr mayor incidencia y representación judicial de las víctimas acreditadas, garantizando además principios de celeridad y economía procesal sin sacrificar los derechos de las víctimas”. Esta articulación ha tejido una estrategia que integra el acompañamiento jurídico con el psicosocial, articulando saberes locales y experticias técnicas, y consolidando herramientas como protocolos para la documentación de casos y redes de apoyo entre mujeres sobrevivientes en distintas regiones.

Riesgos y desafíos: la seguridad sigue siendo un compromiso pendiente

El derecho a participar ante la JEP no puede depender de la capacidad de las víctimas para exponerse. Lo deja claro Katrim de la Hoz del Villar, subdirectora de Caribe Afirmativo: “Sin una estrategia clara y preventiva, la participación se ve limitada y, con ella, la posibilidad de verdad, justicia y reparación”.
Como lo señala el Secretario General en su último informe sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, alrededor de las víctimas en Colombia hay “(...) muchos problemas para denunciar y acceder a los servicios, en particular la escasa presencia del Estado en las zonas rurales, la falta de confianza en el sistema judicial y el temor a las represalias por falta de mecanismos eficaces de protección para los supervivientes, sus familiares y sus representantes”. 

En este escenario, la promoción de medidas de seguridad para garantizar la participación de las mujeres y población LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual encuentra en la aplicación de las disposiciones de género del Acuerdo de Paz un marco normativo y político fundamental que reconoce sus derechos, visibiliza sus experiencias diferenciadas y establece mecanismos específicos para su protección, reparación integral y participación activa en la construcción de paz.

Desde Caribe Afirmativo señalan cuatro líneas de acción urgentes: la anonimización efectiva de la información, estudios de riesgo con enfoque interseccional, medidas de prevención institucionales y una estrategia integral de protección que incluya garantías reales, desde lo psicosocial hasta lo físico. Todo esto, recalcan, debe tener como punto de partida la voz de las propias víctimas.

El respaldo internacional: apoyo y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual

Desde la comunidad internacional se han tejido redes de apoyo técnico, económico y diplomático fundamentales. “El acompañamiento de entidades como la Unión Europea, ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido clave no solo en recursos, sino en visibilización, monitoreo territorial y presión política”, explica Katrim de la Hoz del Villar, de Caribe Afirmativo. 

Colombia tiene la oportunidad histórica de ser ejemplo a nivel mundial en sentencias ejemplificantes, reparadoras y transformadoras que pongan en el centro la reparación y no repetición de los casos de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ que han sido víctimas de este flagelo. 

Hacia una justicia restaurativa feminista

Hoy, la apertura del Macrocaso 11 representa una oportunidad histórica para transformar el enfoque de la justicia transicional. La Alianza insiste: “La violencia sexual no puede seguir tratándose como una afectación secundaria, sino como un crimen autónomo, sistemático y estructural”. El reto está en no sacrificar la centralidad de las víctimas ni relativizar sus experiencias.

Insta el Secretario General, en su último informe, sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, a que los Estados “hagan las consultas pertinentes con organizaciones dirigidas por mujeres para detectar problemas acuciantes de seguridad y protección basados en el género que afrontan las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, y refuerce las medidas de protección de las mujeres que le brindan información, por ejemplo, aprobando protocolos o directrices específicos para prevenir y afrontar las represalia”.

Escuchar a las víctimas y sobrevivientes no es un acto simbólico, sino un deber de país; porque sin garantías de seguridad, no hay participación real, y sin participación no hay justicia posible.